Terrorismo militar Austracista en Cataluña durante la guerra de Sucesión

Con el nacimiento de los nuevos Estados europeos a principios del Renacimiento, sus costes militares estaban muy por encima de las posibilidades de sus magras finanzas. Ejércitos cada vez mayores, recorrían los escenarios del viejo continente seguidos de una legión de no combatientes. Grandes grupos de veinte o treinta mil personas se desplazaban sin tener garantizado el avituallamiento, teniendo que vivir sobre el terreno para subsistir, arrasando a su paso comarcas enteras fueran amigas o no. El historiador John Lynn los definió como “ejércitos depredadores” y en la reciente obra de Lauro Martines, Un tiempo de guerra, publicado por la editorial Crítica en 2013, como “ciudades ambulantes y moribundas”. En dicha obra, el panorama de saqueo y destrucción sistemático que padeció el campesinado europeo es analizado y descrito con rigurosidad. De hecho, basa sus hipótesis enumerando diferentes tipos de abusos a través de incidentes padecidos por soldados, ciudadanos y campesinos tanto en las guerras italianas del siglo XV, la guerra de los treinta años, la guerra Hispano-holandesa, las guerras de religión francesas en los siglos XVI y XVII, la guerra de los nueve años e incluso la guerra de Sucesión en sus diversos frentes. Los hechos descritos, son calcados a los padecidos en Cataluña en 1714, por lo que todos los indicios apuntan que los motivos que generaron los execrables sucesos durante ese año, tuvieron más que ver con la forma habitual de hacer la guerra por aquel entonces, que con una voluntad inequívoca por parte de Felipe V de hacer política de tierra quemada en el Principado.

Sí todos los ejércitos de Europa cometían abusos, ¿Cuál fue el comportamiento de los ejércitos del Archiduque Carlos en Cataluña?

Partiendo de la hipótesis que los abusos militares borbónicos en 1714 no se trataron de un hecho único y excepcional, sino común y habitual; la siguiente pregunta a plantearse es casi inevitable. Sí todos los ejércitos de Europa cometían abusos, ¿Cuál fue el comportamiento de los ejércitos del Archiduque Carlos en Cataluña?

Utilizando un método de análisis hipotético deductivo, resulta convincente partir de la hipótesis que hicieron exactamente lo mismo que todos, y si el desencadenante del expolio de las fuerzas armadas sobre los campesinos fue la falta de financiación por parte del Estado, la siguiente sospecha recae sobre el comportamiento del ejército irregular catalán del Archiduque, los fusileros de montaña o migueletes. Estas unidades aún recibían menos del monarca que sus compañeros reglados, por lo que si la teoría cuya ecuación consiste en que la  necesidad de poseer un ejército sin posibilidad de mantenerlo, sumada a la relajación de la disciplina por falta de mandos, es igual a abusos sobre el campesinado, unas unidades irregulares como los migueletes, con nula financiación y con apenas oficialidad, tuvieron que resultar una verdadera plaga sobre el campesinado catalán.

Con este fin, he analizado básicamente dos grupos de fuentes diferentes: Súplicas enviadas a la Generalitat durante la guerra quejándose de abusos militares y exhortaciones enviadas a la Corona a través del Consejo de Estado Mayor del Ejército Aliado conservadas en los fondos documentales del Archiduque Carlos.

Después de haber consultado algo más de dos centenas de demandas, en ellas he podido apreciar cómo se repiten los mismos tipos de incidentes descritos por investigadores como Lynn, Martines o Elliot. Básicamente, podemos distinguir los siguientes tipos de abusos, cometidos en su mayoría sobre campesinos.

Los alojamientos

Súplica al Rey Carlos III, 5 de diciembre de 1708

“Sindicos de La Granadella, Llardacans, Mayals, Almatret, Juncosa, Bobera, Los Forns, La Palma, La torre del Español, Cabases, La Figuera, La Vilella, Margalef, la Bisbal y todo su vezindado, en nombre de sus universidades viene a presentar que después de haber servido a VM a alojar diferentes veces las tropas cuidando de su manutención no obstante haber padecido de diferentes sujetos a sequestrar de cuantos granos encontraron en estas villas y lugares y haver asi mismo pasado por los vigores y saqueos  del enemigo y expuestos hoy a esta contingencia por estar a cara de él, se ven en último exterminio y previsados de no tolerar más los fusileros comandados por el coronel Prats, otras compañías sueltas de migueletes y una de caballos voluntarios comandada por D. Josep Antonet, Bayle de Seros, los quales han hecho hasta el dia de hoy tales estragos que referidos todos, sería ofender los reales oídos de SM sin excepción de sujetos, ni eclesiásticos, jurados bayles y demás personas que discurren haberles quedado algo, y con este motivo sin que el mayor y más grave, pasando a violentar las mujeres sacándolas del lado de sus maridos. Por lo que suplicamos a VM se sirva mandar poner remedio mas conveniente y propio del católico zelo y real clemencia de VM.” (Archivo Historico Nacional. Legajo 989 folios del 297 al 300)

Cabe decir que no conocemos si se castigó o no al alcalde de Serós por los crímenes citados, pero si sabemos que el coronel Prats continuó sirviendo en el ejército austracista llegando incluso a formar parte de las Reales Guardias Catalanas.

El fracaso en las negociaciones entre Generalitat y el Archiduque con el fin de convertir en 1706 las unidades irregulares en Regimientos reglados tuvo consecuencias desastrosas. Se llegó a un acuerdo de compromiso donde el rey se obligaba a aportar un pan de munición por día y miguelete,  cayendo el resto de gastos en sus consistorios locales. Esta decisión provocó un autentico vacío legal que por un lado no garantizaba el avituallamiento de la tropa irregular y por el otro les concedía vía libre para tomar cuanto quisieran de unos municipios indefensos y arruinados por la guerra.

Las contribuciones

El término “contribución de guerra” es realmente un eufemismo, ya que no se trata de un impuesto corriente sino de un expolio forzado. Existían varias formas de forzar al cobro de contribuciones. El método habitual consistía en la aparición de una columna de caballería en una población o en una masía. A veces, acompañaban a un asentista o contratista militar que era el encargado de proveer de vituallas al ejército.  En el mejor de los casos, se pactaba con el alcalde o el masovero una cantidad de vituallas que serían entregadas en un plazo no superior a un día. En caso de oponerse, lo habitual era amenazarle que si no entregaba lo solicitado por las buenas,  se dejaría vía libre a la tropa para que tomara cuanto quisiese. A veces, si se contaba con suficiente dinero en efectivo, se podía sobornar al oficial de turno para evitar la entrega de grano, pero no era habitual. Una vez cargado el género, se entregaba un recibo y/o pagaré a cuenta de lo incautado que rara vez se cobraba.

Este era el método de cobro de contribuciones menos dañino. En el procedimiento siguiente, la dinámica es la misma, pero sin entrega del recibo. Cuando este era reclamado, lo normal era propinar al demandante una paliza tras acusarle de desafección a la causa, tal como se describe en una súplica enviada a la Generalitat el 27 de febrero de 1708 desde Bellpuig sobre los abusos padecidos a manos de una unidad húngara.

“… el pedirse la referida justificación a los mencionados úngares sobre negarse la concesión, es aun más agria la respuesta, tratando de gavatxos y malafectos a sus antenotados moradores. Lo que ha precisado y al consejo a resolver de dexar sus casas, caso de continuarse estos excesos”. (Sans i Travé, J.M.; Dietaris de la Generalitat, Vol. X, anys 1701 a 1713. Gencat, Dept.Presidència 2007. Pág. 880.)

En el peor de los casos, con la excusa del cobro de la contribución de guerra se pasaba directamente al saqueo indiscriminado. Durante el asedio de Lérida en 1707, la caballería austracista, portugueses y húngaros sobre todo, diezmaron las reservas de grano en decenas de kilómetros a la redonda en competencia directa con las partidas borbónicas que estaban haciendo lo mismo.

Además del robo de grano, las necesidades de forraje y paja para los caballos en ejércitos de miles de animales eran abrumadoras. Las columnas de forrajeadores saquearon las reservas destinadas al ganado local, aunque de poco servían ya que el ganado también acababa en sus redes. Otro problema grave era el de la leña en invierno. Muchas de las quejas se refieren a la tala de frutales por los soldados para calentarse. En la Seu de Urgell, el Regimiento de la Generalitat  se dedico en 1708 a talar los árboles pese a las quejas de los afectados. (Sans i Travé, Op.Cit. Pág.880.)

Las necesidades de leña, no se limitaban a la tala indiscriminada. Puertas, muebles, marcos de ventanas, toda la madera disponible acababa quemándose en los hogares para calentar a la tropa. Recordando siempre, que una localidad con alojados podía triplicar sin problemas su población habitual, con todos los problemas logísticos que ello supone en economías con pocos excedentes como las de Edad Moderna.

Los saqueos

Aparte de los pillajes de baja intensidad y de las contribuciones forzadas, el saqueo suponía una vía de financiación extra para los soldados, y una oportunidad de enriquecimiento rápido de oficiales sin escrúpulos y asentistas privados. Existían una serie de normas implícitas que marcaban las pautas de cuándo y cómo se podía saquear una plaza. En la práctica, la decisión de saquear se tomaba según las necesidades del momento. Un caso claro lo representa el primer saqueo organizado en Cataluña durante la Guerra. El uno de abril de 1706, una columna aliada salida de Lérida para socorrer la asediada Barcelona se detuvo ante Cervera. La ciudad, que había mostrado claras evidencias de fidelidad a la causa borbónica se encontraba desguarnecida, con su regimiento combatiendo en la capital en las filas del rey Felipe. Dadas las circunstancias, decidieron no defenderse y propusieron el pago de una indemnización para evitar el saqueo. Fue en vano, las presiones de los caballeros catalanes presentes en la columna convencieron a su comandante, el  Príncipe Enrique de Hesse que era preferible castigar ejemplarmente la ciudad y de paso, obtener pingües beneficios. Ordenó abrir una brecha en la muralla simulando una entrada triunfal tras una inexistente defensa. Luego empezó el saco que duró cuatro días. El sistema habitual de saqueo consistía no solamente en el robo indiscriminado o las palizas para sonsacar a los lugareños, violaciones y asesinatos. Existía todo un sistema organizado de desvalijamiento. Fuera de las ciudades se establecían los comerciantes y asentistas que pagaban al contado y a bajo coste lo que les iban trayendo los soldados.  En el caso de Cervera, los bienes robados se vendieron por toda Cataluña. Según  Francesc Castellví, los carros cargados de enseres llegaron hasta Tarragona. (Castellví, Francesc; Narraciones Históricas, Vol.II, Págs. 80-83.)

Palizas y asesinatos

Como vemos,  la extorsión y robo de bienes venían acompañados en ocasiones de agresiones físicas con el fin de amedrentar a los campesinos o simplemente, por diversión. Hemos hablado del comportamiento de los jinetes húngaros en Bellpuig o de los migueletes de Prats en Lérida,  pero lejos de tratarse de un hecho aislado, sólo en el periodo que va desde el 28 de septiembre de 1707 al 12 de mayo de 1709, en los dietarios de la Generalitat constan quejas por incidentes del mismo tipo en Sant Feliu de Pallerols, Vall d’Hostoles, Abadiato de Labaix, Vall de Bohí, Capdella, Collecta de Labat, Condado de Eril, Baronía de Pervás, Pont de Suert y Talarn. Evidentemente estos incidentes tan sólo suponen la punta del iceberg, ya que las fuentes estudiadas son aún escasas. Por ejemplo, tenemos constancia del asesinato en Ortoneda de un campesino sin motivos aparentes por un granadero del Regimiento del Conde de Taaf, en fecha anterior a agosto de 1712. (AHN. ESTADO, Libro 1000, fol. 203.)

Violaciones

En la reveladora carta citada anteriormente, vemos como catorce alcaldes deciden enviar una carta conjunta de queja por los agravios padecidos a causa de un alcalde vecino, el de Serós,  y por el coronel Prats, oriundo de Arbeca, localidad cercana a la zona expoliada. Es decir, que los abusos cometidos por los fusileros de montaña recaían sobre sus vecinos y conocidos a pesar de declararse abiertamente austracistas. En los “Dietaris de la Generalitat”, algunos alcaldes encuentran el coraje para quejarse de este tipo de crímenes, como los de Palagalls, Moncortés, Canós, Aranyó, Cardosa, Tárrega y Agramunt, cometidos por unidades regladas del Archiduque entre los meses de octubre y noviembre de 1708. (Sans i Travé, Op. Cit. 931-934).

Secuestro de bienes

Una de las primeras decisiones del Archiduque una vez tomó Barcelona en noviembre de 1705, fue la creación de La Junta de Secuestros y Confiscaciones en el Principado de Cataluña, siguiéndole otras en Aragón y Valencia. Con ello, pretendía gestionar  los bienes incautados a los catalanes borbónicos y así, nutrir sus exiguas arcas para poder continuar la guerra. Aunque el tema de los secuestros austracistas sobre catalanes está poco estudiado, resulta interesante encontrarse suplicantes de clases modestas, que por motivos más bien arbitrarios vieron como se les embargaba su patrimonio. En una súplica fechada el 12 de septiembre de 1712, María Magdalena Gil, viuda y natural de Tarragona, se lamentaba del apropio de una finca situada cerca de las murallas de Tarragona valorada en 500 libras con la excusa de ser necesaria para la defensa, sin haber cobrado indemnización alguna y a pesar de haber padecido saqueo de sus campos “…una vez las tropas enemigas y dos las de VMG”.  Por otro lado, Josep de Pedrals, de la villa de Bagá, pide la reintegración de sus bienes incautados en la Cerdanya por “…el odio que el veguer de Berga tenía con él” y eso pese haber servido fielmente a la causa austriaca. Caso más curioso es del soldado veterano Pablo de Pujades, que al volver a sus propiedades de Torrent y Fontclara en 1712 después de siete años de servicio, las encontró confiscadas, aprovechando los voraces agentes del archiduque que su madre se hallaba dentro de Gerona, ocupada por los borbónicos en esos momentos. (AHN. ESTADO, legajo 8694.)

Respecto a las clases dirigentes, los saqueos primero y secuestros de bienes después fueron casi automáticos con la caída de la ciudad en manos del Archiduque en 1705. Que sepamos, sufrieron saqueo de sus casas el doctor Serra, que acabó en prisión; las de los miembros de la Real Audiencia Bonaventura de Tristany Bofill i Benach y Francesc de Verthamon, (muerto poco después por la paliza recibida durante el saco), la del catedrático de derecho civil de la Universidad Josep d’Alòs i de Ferrer, con su casa de Sarrià incendiada. También sufrió saqueo la casa de Honorat de Pallejà, la del abogado Jaume Artau, la de comerciante Josep Antic y la del Marqués de Castellmeià, Francesc de Junyent.

La lista sin duda es mayor, y buena parte de la oligarquía borbónica catalana tuvo que emprender el camino del exilio con sus bienes y rentas confiscadas por el Archiduque. (Porta i Bergueda, Antoni, La victoria catalana de 1705. Pags 563-565.)

Refugiados de guerra

Una de las consecuencias inevitables de la inseguridad generada por los abusos reiterados de las tropas austracistas en territorio afecto, junto a las correrías de las unidades borbónicas en la retaguardia enemiga, fue el  éxodo masivo hacia los bosques huyendo de la guerra.  En una súplica recibida en el Palau de la Generalitat el lunes, dos de abril de 1708 desde la villa de Tárrega, los regidores avisan “…como por instantes va perdiendo y aniquilando aquel común y sus particulares por el crecido alojamiento de caballería en que se halla. Y circunstancias con que lo padece, siendo ya mucho más de 100 familias las que han desertado, y cada día va experimentando van haziendo otras lo mesmo.” (Sans i Travé, Op.Cit 888).

El fenómeno del abandono del campo, padecido ya durante la guerra de los Segadores de 1640 a 1659, volvió a producirse durante la guerra de Sucesión con idéntica virulencia llegándose a abandonar poblaciones enteras durante décadas. En prácticamente todos los casos de abusos citados, se habla de éxodo masivo hacia las montañas o hacia Barcelona huyendo no de los combates, sino de los abusos de las tropas acantonadas.

Bombardeos

El bombardeo sobre objetivos civiles con el ánimo de causar terror en la retaguardia enemiga no es un fenómeno nuevo. La aparición de la artillería de tiro parabólico con proyectil explosivo durante el siglo SVI y la proliferación de su uso en el XVII, empezaron a hacer habituales los bombardeos sobre viviendas y edificios sin valor militar para dañar la moral enemiga. Durante la guerra de Sucesión también se dieron lugar en el frente catalán y los primeros en hacer uso fueron los aliados austriacistas en el bombardeo de Barcelona de 1705 para minar la moral y causar destrozos en vidas y haciendas de los defensores. Según Castellví, sólo el dia 16 de octubre cayeron 300 bombas sobre la ciudad causando 12 víctimas mortales y grandes destrozos en edificios incluyento la sala de conferencias del Palacio de la Generalitat y siendo una de las víctimas mortales el diputado eclesiástico Francisco de Valls y Freixa, que era por aquel entonces el principal responsable de la institución. (Castellví, F., Narraciones Historicas. Vol.I, p. 539)

Conclusiones

Como vemos, el grueso de la población campesina catalana, sobre todo la de las comarcas agrícolamente más ricas como el Urgel o la Segarra, se convirtió en proveedora forzada  y coaccionada de alimento, alojamiento, lumbre, forraje y sexo de los ejércitos de ambos bandos, incluidos los migueletes, que lejos de ser el referente romántico presentado por parte de la historiografía generada durante el Tricentenari, fueron padecidos como una auténtica pesadilla por los civiles catalanes.  Cataluña no fue en absoluto una excepción a la regla en cuanto al comportamiento de las unidades militares con la población civil durante el Antiguo Régimen y de hecho, la relación de los abusos cometidos por uno de los bandos desde un análisis presentista, distorsiona la magnitud real de los hechos.

Los abusos militares fueron más un problema social enquistado en la Europa de entonces que una herramienta de sometimiento por parte del Estado sobre una provincia rebelde. Evidentemente que existió represión por ambos bandos sobre los elementos disidentes, pero se ha de delimitar muy bien lo que fueron abusos incontrolados y propios del ecosistema bélico de la época, de lo que fue represión política pura y dura.

Sin duda, podríamos enmarcar en ámbito  punitivo los secuestros, confiscaciones de bienes y las quemas de propiedades, pero aquí también podemos comprobar que ambos bandos hicieron uso de este tipo de castigo para escarmentar a los opositores, financiarse y premiar a los afectos.

En definitiva, los civiles fueron las víctimas potenciales del conflicto sin importar el bando al cual pertenecían y los represaliados políticos por ambos bandos fueron porcentualmente pocos comparada con la magnitud del desastre humanitario que significó el conflicto en si sobre buena parte de la población catalana.